LA JUNTA DE ACREEDORES EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

¿Quiénes pueden participar en las juntas de acreedores?

En las Juntas de Acreedores participan los acreedores que obtuvieron el reconocimiento oportuno de sus créditos y los acreedores contingentes, así como el deudor y el representante de la autoridad concursal.

¿En qué plazo debe instalarse la Junta de Acreedores?

La autoridad concursal competente dispondrá dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al aviso mediante el cual la Secretaría Técnica publica un resumen de sus resoluciones de reconocimiento de créditos, la convocatoria a la Junta de Acreedores de instalación, para lo cual entregará al responsable (el deudor o el acreedor solicitante, según sea el caso) un aviso que se publicará por una sola vez en el diario oficial El Peruano.

¿Cuáles son las formalidades del acto de convocatoria a Junta de Acreedores?

La ley concursal reduce los costos de publicidad al establecer que la convocatoria debe publicarse en el diario oficial El Peruano por una única vez, a diferencia de la derogada Ley de Reestructuración Patrimonial que requería que la convocatoria sea publicada por una sola vez en forma simultánea en el diario oficial El Peruano y en un diario de circulación en cada una de las localidades en las que el deudor mantuviese oficinas o realizase actividades productivas.

Entre la publicación del aviso y la fecha de la Junta de Acreedores, en primera convocatoria deberán mediar no menos de tres (03) días hábiles. El aviso de convocatoria deberá señalar el lugar, día y hora en que se llevará a cabo en primera y segunda convocatoria. Entre cada convocatoria deberá mediar dos días.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTE LA JUNTA DE ACREEDORES Y LA “MASA CONCURSAL?

La masa de acreedores está constituida por el pasivo del deudor. De esta forma, a partir del inicio del concurso y por el solo merito de las obligaciones que el deudor mantiene frente a ellos, todos los titulares de los créditos pasan a formar parte de la masa de acreedores.

Sin embargo, debe distinguirse entre los acreedores del concurso y los acreedores concursales, pues solo éstos podrán ejercer los derechos económicos y políticos que se les reconoce dentro del concurso y, por tanto, asumir las obligaciones que la Ley establece; de ello se deriva que los acreedores concursales son siempre acreedores del concurso, pero éstos – que son los que integran la masa de acreedores – no son necesariamente acreedores concursales, pues la Ley califica como tales a aquellos que hubieran obtenido el reconocimiento de sus créditos y, por tanto, estén legitimados para participar en Junta de Acreedores.

En ese sentido, la Junta de Acreedores se diferencia de la masa concursal, en que aquella esta conformada solamente por los acreedores concursales que hubieran obtenido el reconocimiento oportuno de sus créditos, además de los créditos contingentes como se indicó anteriormente.

¿QUÉ ES LA JUNTA DE ACREEDORES?

La Junta de Acreedores es el máximo órgano del deudor concursado, de carácter deliberante y decisorio. Es el mecanismo por el cual los acreedores intervienen en el concurso manifestando su voluntad mediante la adopción de acuerdos y supervisando la marcha de los procedimientos concursales que establece la Ley.

Está integrada por la reunión de los acreedores que obtuvieron oportunamente el reconocimiento de sus créditos (toda vez que los acreedores tardíos no forman parte de la Junta de Acreedores), así como los acreedores con créditos declarados contingentes por la autoridad concursal (aunque tienen solamente derecho a voz), debidamente convocados, los mismos que decidirán por mayoría en los asuntos propios de su competencia. Sustituye en sus funciones y facultades a la Junta General de Accionistas a partir de su instalación.

Tanto su conformación como la participación porcentual de cada uno de sus integrantes, será establecida en atención a los créditos que hayan sido invocados dentro del plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de publicación del aviso que informa sobre la situación de concurso del deudor, y que hayan obtenido su reconocimiento.

NUEVO PRECENDENTE CONCURSAL EN MATERIA LABORAL

Para el reconocimiento de créditos de origen laboral, el solicitante solo tiene carga de acreditar que mantuvo un vínculo laboral con el deudor concursado y presentar una autoliquidación suficientemente detallada de los créditos invocados, siempre que aún no haya vencido el plazo legal de conservación de documentos para el empleador. Dicho plazo es de cinco años contados desde la fecha en que se debió efectuar el pago. Durante este plazo, el trabajador se encuentra en una situación de privilegio debido a que opera la inversión de la carga de la prueba a su favor respecto de la existencia, origen, legitimidad y cuantía de los créditos contenidos en su autoliquidación.

Transcurrido dicho plazo, el trabajador asume la misma carga probatoria de cualquier otro acreedor de derecho común que solicita el pago de un crédito, debiendo la autoridad concursal requerirle que acredite la existencia y la cuantía de las acreencias solicitadas, salvo que tales condiciones del crédito se encuentren predeterminadas por fuente legal.

Así lo ha establecido la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del INDECOPI, a través del precedente de observancia obligatoria expedido mediante la Resolución N° 0916-2010/SC1-INDECOPI (02/03/2010), mediante el cual se ha precisado en mayor detalle el artículo 39.4 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809 (08/08/2002) que ya había merecido un desarrollo anterior mediante el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 088-97/TDC (04/04/1997).

Cabe precisar que se ha establecido que no en todos los casos el trabajador tiene la carga de acreditar la existencia de los créditos respecto de los cuales ya ha vencido el plazo de conservación de documentos. En efecto, la Sala considera que esta exigencia sería innecesaria en caso de que la existencia del credito derive de beneficios laborales irrenunciables establecidos por la ley, tales como la compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, entre otros. Por lo tanto, si el trabajador logra acreditar la existencia de la relación laboral entonces igualmente queda acreditado el derecho al pago de los referidos beneficios. En consecuencia, resulta innecesario trasladar al trabajador la carga de probar la existencia de tales créditos, pues bastará con que se alegue el origen legal de estos.

Por último, la Sala también ha precisado que el hecho de que el trabajador retome la carga probatoria de un acreedor sujeto a las reglas del Derecho Civil, no significa que tenga que acreditar un hecho negativo, como lo es el “no pago” de una obligación, pues como el pago no se presume corresponde al deudor concursado el deber de probarlo.

¿CUÁL ES EL ORDEN DE IMPUTACIÓN DE LOS PAGOS SEGÚN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL?

Según la Ley Concursal cualquier pago efectuado por el deudor a alguno de sus acreedores, en ejecución del Plan de Reestructuración o del Convenio de Liquidación, será imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital, luego a los gastos y finalmente a los intereses.

Dicha disposición tiene primacía frente a lo dispuesto por el artículo 1257 del Código Civil, que establece que el deudor que deba capital, gastos e intereses no puede, sin el asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni éstos antes que a los intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, deberán tenerse en consideración las reglas de imputación de pagos establecidas en el artículo 1259 del Código Civil. Así, en los casos en que no se exprese a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la menos onerosa par el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, el pago de aplica a la más antigua.

¿EN QUÉ CASOS NO ES APLICABLE EL ORDEN DE PRELACIÓN?

El orden de prelación es aplicable en los procedimientos de disolución y liquidación, más o no en los procesos de reestructuración patrimonial.

Ello, toda vez que en este tipo de procedimientos se permite un amplio margen de negociación entre el deudor y sus acreedores, con la finalidad de que se generen mutuos incentivos destinados a adoptar decisiones más eficientes que beneficien a los acreedores – principales perjudicados por la crisis de su deudor -, al propio deudor y al mercado en general.

Excepcionalmente se aplicará el orden de preferencia en los casos de venta de activos fijos de la empresa deudora. Sin embargo, los acreedores preferentes podrán renunciar a su derecho de cobro si lo manifiestan de manera indubitable, pudiendo exigir garantías suficientes que respalden el pago de sus créditos.

Se busca con ello crear incentivos de inversión y financiamiento que fomenten la reestructuración patrimonial del deudor, de forma tal que el interés general del concurso trascienda a los intereses particulares de cada acreedor.

¿CUÁL ES EL ORDEN DE PREFERENCIA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS?

El orden de preferencia de los créditos previsto por la Ley es el siguiente:

a) Primer Orden: Los montos adeudados por el concursado que se deriven de remuneraciones o beneficios sociales; los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes provisionales administrados por la Oficina de Normalización Provisional, la Caja de Beneficios y seguridad Social del Pescador u otros regímenes especiales creados por ley, así como los intereses y gastos que se hubieran originado por esos conceptos.

Los montos impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen todos los conceptos a que se refiere el artículo 30 del Decreto Ley N° 25897, con excepción de aquellos determinados en el literal c) de dicho artículo, esto es, la comisión que cobran las AFPs por administrar los fondos. Se han excluido las referidas comisiones de dicha prelación, toda vez que su naturaleza no es la de un crédito privilegiado, como sí lo son aquellos derivados de las remuneraciones, beneficios sociales o aportes provisionales impagos. Por el contrario, se trata de un crédito común de naturaleza civil por los servicios que presta una AFP a sus afiliados, que tendría que tener por tanto el quinto rango de prelación.

b) Segundo Orden: Los créditos alimentarios hasta la suma de una (1) Unidad Impositiva Tributaria mensual. Este tope se ha establecido con la finalidad de no desnaturalizar el uso de os procesos de alimentos con la intención de conseguir mayor participación en la masa concursal. El saldo restante del crédito, si superase este monto, también será reconocido, pero en quinta prelación.

c) Tercer Orden: Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrant, derecho de retención o con medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía haya sido constituida o inscrita o la medida cautelar trabada con anterioridad a la fecha de publicación del aviso por el cual se informa de la situación de concurso del deudor.

Dado que la preferencia de los créditos implica que los de un orden anterior excluyen a los de un orden posterior, según la prelación establecida por la ley, para que a determinados créditos se les otorgue el tercer orden de preferencia y puedan oponer dicho orden a terceros, como a los acreedores titulares de créditos del cuarto y quinto orden de preferencia, las garantías que respaldan los referidos créditos deberán registrarse en los Registros Públicos a nombre del titular de los créditos garantizados, siempre y cuando sean registrables.

La cesión de garantías no afecta el interés de los acreedores que concurren en el procedimiento concursal, siempre que los bienes dados en hipoteca como en prenda estén gravados al momento de la publicación del aviso anteriormente señalado.

Respecto de los embargos, cabe señalar que en algunos casos tendrá que acreditarse su inscripción en los Registros Públicos y en otros casos que hayan sido trabados. Por ejemplo, el embargo en forma de retención es una medida cautelar dirigida a la afectación jurídica de los derechos de crédito o bienes del deudor en posesión de terceros, con la finalidad de que los terceros retengan los bienes a la orden del Juez. En ese sentido, para que un embargo en forma de retención otorgue la preferencia establecida en la ley, debe haberse trabado, es decir, haberse sentado acta de embargo en presencia de un tercero que efectivamente posea bienes o derechos de créditos del deudor, de acuerdo al artículo 658 del Código Procesal Civil, con anterioridad a la fecha en que se hizo pública la situación de concurso del deudor.

El embargo en forma de inscripción es una medida cautelar dirigida a la afectación jurídica de los bienes del deudor, con la finalidad de que el acreedor pueda satisfacer su crédito una vez que ordene el pago. Este tipo de embargo se ejecuta con su inscripción en el Registro Público que corresponda, tal como lo establece el artículo 656 del Código Procesal Civil. Es a partir de dicho momento en que tal situación jurídica es cognoscible y oponible a cualquiera. Por ello, la prelación para satisfacer el crédito se establece con la inscripción del embargo.

Cabe señalar que los créditos garantizados mantienen el presente orden de preferencia aun cuando los bienes que lo garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero solo hasta el monto de realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos. En la derogada Ley de Reestructuración Patrimonial, los acreedores que contaban con el tercer orden de preferencia perdían su privilegio en el caso de que el liquidador transfiriera bienes gravados para pagar créditos de primer o segundo orden de preferencia. En atención a ello, la ley General del Sistema Concursal señala que los acreedores que cuenten con el tercer orden de preferencia no pierden dicho privilegio en el caso que se hayan pagado créditos de órdenes anteriores con el producto de la realización de los bienes respecto de los cuales recaen sus gravámenes.

d) Cuarto Orden: Los créditos de origen tributario, tanto del Gobierno Central como de los Gobiernos Regionales y Locales, por los conceptos de tributos devengados, multas, intereses, moras, costas y los recargos. Cabe precisar que también han sido incluidos dentro de este orden los importes adeudados al Seguro Social de Salud (ESSALUD)

e) Quinto Orden: Todos los demás créditos impagos del deudor; es decir, aquellas deudas que no hayan sido comprendidas en los órdenes precedentes. También se trasladará a esta categoría la parte de los créditos tributarios que sea equivalente al porcentaje promedio capitalizado o condonado por los acreedores incluidos en la categoría que tenga el mayor porcentaje del total de créditos reconocidos. Por último, se incorporará en este orden el saldo de los créditos de tercera categoría, en el extremo que excediera el valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos.

¿ES VÁLIDA LA SUBROGACIÓN O LA CESIÓN DE CRÉDITOS CONCURSADOS?

La Ley Concursal establece que cuando se produzca un cambio total o parcial en la titularidad de un crédito reconocido, el nuevo titular tendrá los mismos derechos del acreedor original.

Cabe señalar que este cambio puede darse ya sea por la figura de la subrogación o de la cesión de derechos. Ambas implican únicamente el cambio en la titularidad de las obligaciones del deudor, pero no afecta la existencia o el monto de las mismas. En ese sentido, es válida la posibilidad de que un tercero se subrogue en la posición de acreedor o el acreedor reconocido ceda su derecho de crédito a otra persona, que ya se encontraba como acreedor, o a un tercero ajeno al procedimiento.

De acuerdo a los artículos 1222 y 1260 del Código Civil, la subrogación personal se produce cuando una obligación es satisfecha por persona distinta de la directamente obligada, lo cual no significa, por cierto, que la obligación se extingue. En puridad, la obligación se va a extinguir para el acreedor primigenio; quien habiendo recibido el pago abandonará la relación obligacional porque su interés habrá quedado satisfecho. Sin embargo, respecto del deudor no se va a extinguir la obligación. La obligación sigue surtiendo efectos frente a quien pagó y se subrogó en el lugar del acreedor, esto es, el tercero que paga queda sustituido al acreedor en sus derechos, a efectos de poder exigir al deudor una prestación igual a la satisfecha.

De acuerdo a los artículos 1206 y 1215 del mismo cuerpo legal, la cesión de derechos es el acto de disposición en virtud del cual el cedente trasmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. La cesión puede hacerse sin el asentimiento del deudor.

El contrato de cesión produce efectos solo entre las partes que lo celebran, salvo que las partes comuniquen al deudor la cesión. Mientras no ocurra esto, el deudor deberá reputar como su legítimo acreedor a la persona con quien se vinculó inicialmente. La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le es comunicada fehacientemente, por lo cual el pago que pueda realizar el deudor a su acreedor original es legítimo.

Finalmente, de acuerdo al artículo 1211 del Código Civil, la cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido, salvo pacto en contrario.

En ese sentido, para que sea válida la subrogación o cesión de créditos en el ámbito concursal, la Comisión deberá evaluar si tales operaciones cumplen con los requisitos establecidos en el Código Civil para su validez.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ACREEDOR VINCULANTE? Y ¿QUÉ ES UN CRÉDITO CONTIGENTE?

Acreedor vinculado es la persona natural o jurídica que mantiene una relación con su deudor por razones de parentesco, propiedad o interés económico común. En tales casos, la Ley ha enumerado una serie de conductas a efectos de identificar tales relaciones.

Al examinar la vinculación entre el deudor y sus acreedores, resulta fundamental que se analice la existencia de intereses concurrentes entre los acreedores vinculados a fin de manejar las decisiones que se adopten en Junta, actuación concertada que debería evidenciar la persecución de intereses comunes al de la propia deudora y que en el marco del proceso concursal, podría originar la adopción de decisiones ineficientes que no respondan al interés legítimo de la colectividad de acreedores “no vinculados”.

La presentación de una solicitud de reconocimiento de créditos por un acreedor vinculado es uno de los casos en que la autoridad concursal está obligada a ser particularmente cuidadosa con la comprobación de la verdad acerca de los hechos presentados y derechos aludidos por las partes.

Créditos Contingentes: Cuando se trata de créditos sujetos a una controversia judicial administrativa o arbitral, la autoridad concursal deberá abstenerse de pronunciarse sobre tales créditos, debiendo registrarlos como contingentes. Se registrarán como contingentes solo los créditos que estén sometidos a una discusión acerca de su existencia, origen, legitimidad o cuantía, y que el asunto controvertido solo pueda dilucidarse en el fuero judicial, arbitral o administrativo.

Del mismo modo, se declararán contingentes los créditos sustentados en Cartas Fianza no ejecutadas y Cartas de Crédito, toda vez que, mientras no venza el plazo para su honramiento, existe una expectativa de pago y, por consiguiente, de constitución de un nuevo acreedor.

Si bien dichos créditos no podrán ejercer derecho de voto en las Juntas de Acreedores, pueden participar con derechos a voz. Tampoco serán considerados créditos tardíos, por lo que una vez que la autoridad competente se pronuncie, se incorporarán a la masa de acreedores con pleno ejercicio de sus derechos políticos.

¿QUÉ SUCEDE SI NO SE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE UN CRÉDITO DENTRO DEL PLAZO LEGAL?

Como se indicó con anterioridad, solo aquellos acreedores que se presenten para el reconocimiento de sus créditos dentro del plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de publicación del aviso que informa sobre la situación de concurso del deudor, tendría derecho a participar con voz y voto en la junta de acreedores.

Por el contrario, carecerán de derechos políticos los acreedores que hayan obtenido el reconocimiento tardío de sus créditos. Con tal medida, se busca promover la actuación diligente de los acreedores en el desarrollo del procedimiento.

No se considera como tardías las solicitudes de reconocimiento presentadas dentro del citado plazo y cuyos créditos hayan sido declarados contingentes por la autoridad concursal, así como los créditos cuyo reconocimiento se solicitó en forma oportuna, inicialmente denegados y posteriormente reconocidos en vía de impugnación en sede administrativa o judicial. En el primer caso, una vez definida la contingencia, el titular del crédito podrá participar en las Juntas de Acreedores con Derecho a voz y voto.

¿QUE INFORMACIÓN DEBERÁ CONTENER UNA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS?

Las resoluciones de reconocimiento de créditos que expida la autoridad concursal deberán contener la siguiente información:

a) La identificación del acreedor y del deudor.

b) El monto del crédito reconocido, disgregando los conceptos de capital, intereses y gastos.

c) El orden de preferencia del crédito reconocido.

d) La existencia o inexistencia de vinculación entre acreedor y deudor.

Cabe señalar que conforme a lo establecido en el artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Administración Pública debe actuar en ejercicio de una atribución regulada o predeterminada por ley. Como consecuencia de ello, los actos administrativos que emita en el desarrollo de sus funciones deben respetar los requisitos relativos a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular.

En la medida en que los actos administrativos se dicten con exclusión de estos elementos, sea por incumplimiento total o parcial de los requisitos exigidos por ley, nos encontramos frente a un supuesto vicio o defecto administrativo. Por ello, la ley faculta a la autoridad para que, dependiendo de la gravedad del vicio y la transgresión al ordenamiento jurídico, pueda declarar la nulidad del acto administrativo.

Los requisitos de validez de los actos administrativos, las causales de nulidad, la instancia competente para declarar la nulidad, los efectos de la declaración de nulidad, lo relativo a la conservación del acto administrativo, así como lo relacionado a la eficacia y modalidad de notificación de los actos administrativos se rigen por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En el ámbito del INDECOPI también resulta de aplicación la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano del 24 de enero de 2002, que establece el procedimiento de declaración de nulidad de actos administrativos expedidos por los órganos funcionales de esta institución, así como la Directiva N° 001-2001/TRI-INDECOPI, publicada en la misma fecha, que establece el procedimiento de notificación de los actos administrativos.

¿PUEDE UN ACREEDOR O TERCERO OPONERSE AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRO ACREEDOR?

El artículo 107 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legitimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

Asimismo, el artículo 109 de la misma Ley establece que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en dicha ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral.

De la lectura de ambas normas se desprende que un administrado tendrá legitimidad para iniciar o intervenir en un procedimiento cuando éste solicite la satisfacción de un derecho o tenga un interés legítimo respecto de lo que solicita a la autoridad administrativa.

En ese sentido, en la medida en que el reconocimiento de un crédito falso no solo altera la composición de la Junta de Acreedores, sino que también afecta la posibilidad de cobrar las acreencias, los acreedores reconocidos y los terceros con legitimo interés (por ejemplo acreedores no reconocidos) sí pueden oponerse al reconocimiento de los créditos efectuados a favor de otros acreedores. En tal sentido cuentan con un plazo de cinco (05) días hábiles contados desde que la Secretaría Técnica publica en el Local de la Comisión el aviso detallando el contenido de sus resoluciones de reconocimiento de créditos, para formular su posición o impugnación.

ATRIBUCIONES QUE TIENE LA AUTORIDAD CONCURSAL SI EVIDENCIA FRAUDE O SIMULACIÓN EN CREDITOS SUSTENTADOS

De lo dicho hasta aquí se habrá podido apreciar que existe un derecho colectivo que beneficia a todos los intervinientes en el procedimiento concursal y que la autoridad administrativa debe necesariamente garantizar. Este derecho consiste en que la masa concursal responda efectivamente a la realidad de los créditos comprometidos y, por lo tanto, que no se reconozcan créditos inexistentes o excesivos. De afectarse esta garantía, se estaría vulnerando los derechos de todos los acreedores que intervienen de buena fe en concurso de créditos debidamente reconocidos, quienes verían diluida su participación en la Junta y reducido ilegítimamente su derecho a voto.

Asimismo, esta situación afectaría la posibilidad de que dichos acreedores cobren sus créditos, en especial cuando el crédito inadecuadamente reconocido en beneficio de un acreedor inexistente, gozará además de algún tipo de privilegio o prioridad de acuerdo a Ley como sucedería en el caso de reconocer un crédito de origen laboral.

La experiencia administrativa en materia concursal dio cuenta de intentos de fraude sofisticados al Sistema Concursal, a través de los cuales se ha pretendido aprovechar la naturaleza de los procesos judiciales, en especial de la particularidad de que en esos procesos no existen mecanismos para garantizar la representación de los derechos de los demás acreedores que se podrían ver perjudicados por el reconocimiento de un crédito inexistente o reconocido en monto mayor al real.

La actuación contra el Sistema Concursal se configuraba con el inicio de procesos judiciales en los que el deudor no se defendía o, simplemente, de manera consciente desarrollaba una defensa inadecuada para obtener así una sentencia en la cual el reconocimiento de crédito se obtenía sin pasar por el escrutinio de la autoridad concursal, obteniendo por la vía indirecta lo que no se hubiera podido obtener por la vía directa.

Atendiendo a ello, la nueva Ley ha facultado a la autoridad concursal para que, en aquellos supuestos en los cuales entienda que existen indicios de la posible simulación de un crédito, incluso reconocido en sede jurisdiccional, pueda acudir nuevamente a dicha instancia mediante el pedido de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.

En ese sentido, la Ley, respetando las facultades del Poder Judicial, crea un mecanismo para que sea el mismo Poder Judicial el que tutele al acreedor presuntamente perjudicado contra un reconocimiento judicial obtenido fraudulentamente y sin su participación. Con este mecanismo, respetando los principios constitucionales, se salvaguardan también los legítimos derechos de los demás acreedores.

Cabe destacar que la sola interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada suspende de pleno derecho el procedimiento de reconocimiento de los créditos objeto del cuestionamiento, el mismo que quedará sujeto a lo que resulte en el proceso judicial que se inicie con tal finalidad.

En dicho supuesto, la autoridad concursal deberá registrar como contingentes los créditos declarados por la sentencia que es objeto de la demanda de nulidad de cosa juzgada, con la finalidad de adoptar las medidas legales que correspondan para proteger los eventuales derechos del solicitante de dicho reconocimiento de créditos hasta que el Poder Judicial resuelva de manera definitiva la controversia generada.

NOTA DE INTERÉS: DEROGACIÓN DEL DECRETO DE URGENCIA 061-2009

El gobierno dio marcha atrás y nuevamente permitirá que los acreedores vinculados a una empresa con problemas de insolvencia, puedan tener derecho a voz y voto en la Junta de Acreedores de los procesos concúrsales que se llevan adelante bajo el amparo del INDECOPI.

El pasado sábado 13 de marzo se publico el Decreto de Urgencia 021-2010 que derogo otro (Decreto de Urgencia 061-2009, publicado en mayo del año pasado), el cual establecía que los acreedores vinculados no tenían derecho al voto en la junta de acreedores.

La norma que impedía el voto a los accionistas acreedores tuvo opiniones tanto en contra (al considerar que era su derecho como acreedores) como a favor (porque los acreedores vinculados solían tomar decisiones a favor de la empresa y no de los acreedores)

Durante la aplicación del D.U 061 fueron muy pocos los casos en que los acreedores vinculados se quedaron con sus acreencias y sin derecho a voto, pues la mayoría utilizo una válvula de escape permitida por la ley. Esta consistía en que los acreedores vinculados podían vender la acreencia a un tercero (con el cual muchas veces guardaban relación), el cual ya no era considerado vinculado.

Dado que la derogatoria se publico el sábado, la norma ya entro en vigencia. En el caso de los acreedores vinculados que vendieron sus acreencias, estos podían volver a adquirirlas y presentarse en la junta para votar. El Indecopi tendrá que volver a incluir las acreencias de los accionistas vinculados que sirven de base para el cálculo del quorum tanto para determinar la asistencia como la toma de acuerdos (el quorum se determina sobre la base del monto del crédito)

Luego de esta derogatoria queda en plena vigencia la ley de procedimientos concursales que permite a los acreedores vinculados votar, así como el articulo 59 de la misma ley, que precisa que si los acreedores vinculados suman mas del 50% de las acreencias deberán realizarse dos juntas, una para los vinculados y otra para los no vinculados y cualquier acuerdo debe ser aprobado por ambas juntas.

¿EXISTEN DOCUMENTOS QUE PRUEBAN LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO POR EL SOLO MÉRITO SU PRESENTACIÓN?

Para la Ley Concursal, ciertos documentos proporcionan certeza sobre el origen, existencia y cuantía y legitimidad de los créditos. Dentro de este grupo encontramos a las declaraciones o autoliquidaciones presentadas por el deudor ante entidades administradoras de tributos o de fondos provisionales y a los títulos valores.

En principio, la autoridad concursal deberá reconocer los créditos sustentados en tales títulos, siempre que la cuantía se desprenda del tenor de los mismos, pero observando necesariamente los precedentes de observancia obligatoria aprobados para este tipo de casos.

Por último, en el supuesto de réditos sustentados en sentencias o laudos arbitrales, la Comisión deberá pronunciarse en función de lo resuelto por la autoridad judicial y arbitral, siempre que hayan quedado consentidas o ejecutoriadas y su cuantía se desprenda del tenor de las mismas o que haya sido liquidada en ejecución de sentencia.

La autoridad concursal solo podrá suspender el reconocimiento por mandato expreso del Poder Judicial, árbitro o Tribunal Arbitral que ordene tal suspensión, o en caso que exista una sentencia o laudo arbitral que señale la nulidad o ineficacia de la obligación.

¿QUÉ OTROS CRITERIOS DEBEN OBSERVARSE PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS SUSTENTADOS EN TÍTULOS VALORES?

En el supuesto de créditos comerciales que encuentran sustento en letras de cambio, por Resolución N° 023-96-TRI-SDC del 12 de agosto de 1996, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI estableció el siguiente criterio: “Las letras de cambio endosadas en descuentos, son títulos válidos para ser reconocidos como créditos frente a cualquiera de los giradores, aceptantes y endosantes declarados en estado de insolvencia, y que resulten obligados de acuerdo a los términos de la Ley de Títulos Valores”.

A través de este precedente, que mantiene su vigencia, se efectúa una interpretación general de la anterior Ley de Títulos Valores (pero que también resulta aplicable con la vigente Ley N° 27287), en cuanto a la diferencia existente entre la acción cambiaria y la obligación causal. De esta forma, establece que la obligación de aquellos deudores solidarios de un título valor (girador, aceptante y endosante) se mantiene frente al tenedor del título valor aun cuando dicho título no se encuentre vencido.

Por otro lado, respecto de las consecuencias que genera la falta de protesto de un título valor, mediante Resolución N° 0566-2000/TDC-INDECOPI de 18 de diciembre de 2000, se aprobó como precedente de observancia obligatoria el siguiente criterio: “La suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del obligado principal de una letra de cambio, por encontrarse sujeto a un proceso concursal, no exime al tenedor de protestar dicho título valor a su vencimiento”.

En ese sentido, el tenedor de la letra de cambio debe igualmente proceder a efectuar el protesto para conservar las acciones cambiarias, las mismas que, si bien no podrán ser ejercidas como consecuencia de la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del obligad principal, se mantendrán latentes hasta que dicha suspensión concluya.

No puede perderse de vista que en el caso de la inexigibilidad de las obligaciones del obligado principal, tal como ocurre con el aceptante sujeto a un proceso concursal, el protesto no implica necesariamente que éste se encuentre compelido pagar el crédito, sino que, en este caso, la diligencia de protesto tiene básicamente efectos conservativos de las acciones cambiarias.

En efecto, el obligado principal no puede ser forzado a pagar, pero ello no exime al tenedor de protestar la letra de cambio con la finalidad de: i) acreditar que el título valor no ha sido pagado; ii) acreditar el estado de la letra de cambio al momento del protesto e identificar a las personas obligadas; y iii) conservar y en su oportunidad ejercitar las acciones cambiarias, directa o de regreso.

Debe tenerse presente que la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores vigente desde el 17 de octubre de 2000, contiene una disposición expresa que ratifica este criterio al señalar que en los títulos valores sujetos a protesto, la insolvencia decretada no dispensa de la obligación de formalizar el protesto, salvo que haya liberado de ello mediante el pacto de no protesto.

Asimismo, en el mencionado precedente se estableció también que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1233 del Código Civil, cuando se perjudica un título valor por culpa del acreedor, opera una novación entre la obligación primitiva y la correlativa obligación cambiaria que origina el documento antes de perjudicarse, por una parte, y la nueva obligación que nace del documento perjudicado, por la otra, lo que implica además que esta última es inexigible hasta que se produzca su reconocimiento judicial, con lo cual si bien es pasible de ser reconocida como crédito en sede concursal, no devenga intereses moratorios hasta que se produzca el referido reconocimiento judicial.

¿CUÁL ES LA LABOR QUE DEBERÁ REALIZAR LA AUTORIDAD CONCURSAL PARA EL RECONOCIMINTO DE LOS CRÉDITOS COMERCIALES?

Dado que el reconocimiento de créditos afecta la participación de los demás acreedores en la Junta, por ejemplo en el peso de sus votos para la toma de decisiones sobre el destino del deudor, la Ley ha provisto a la autoridad concursal de facultades suficientes para hacer las investigaciones que resulten necesarias a fin de verificar la real existencia de los créditos invocados frente a un deudor. En estos casos, la Comisión no solo actúa en atención a los legítimos intereses del solicitante, sino de todos los demás posibles acreedores que podrían verse perjudicados por el reconocimiento de créditos inexistentes o que no correspondan realmente a lo adeudado por la insolvente.

Con este fin, por Resolución N° 070-97-TDC de 24 de marzo de 1997 se aprobó un precedente de observancia obligatoria aplicable para el reconocimiento de créditos de origen comercial, el cual señala lo siguiente: “Para efectos de la verificación a cargo de la autoridad administrativa, los acreedores podrán presentar la documentación que sustente los créditos invocados que consideren pertinente.

Sin embargo, cuando a criterio de la mencionada autoridad la documentación presentada no resulte suficiente, o cuando existan elementos que le hagan presumir una posible simulación de obligaciones, o cuando se detecte la posible existencia de vinculación entre la deudora y su acreedor, se debe verificar, necesariamente, el origen del crédito, investigando su existencia por todos los medios.

Cuando el crédito invocado está incorporado en una letra de cambio o cualquier otro título valor, resulta apropiado reconocer el crédito en mérito a la literalidad del título, en aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y economía de los procedimientos administrativos.

Pero, al igual que el criterio general, si la autoridad administrativa presume la posible existencia de una vinculación entre las partes o tiene elementos de juicio que le haga suponer una simulación del crédito, debe necesariamente investigar la relación causal, es decir, el origen del crédito, para determinar su legitimidad.

En este caso, el reconocimiento de la obligación por parte de la empresa deudora no eximirá a la autoridad administrativa de su deber de verificación.

Tratándose de un acreedor endosatario, éste no requiere acreditar la existencia de un vínculo con la insolvente; lo que debe verificarse en este caso es que la operación que originó el título valor existió realmente y que el solicitante del reconocimiento recibió por endoso el título en forma legítima”.

En atención al citado precedente, la autoridad concursal debe verificar que se cumplan los supuestos legales par el reconocimiento de los créditos invocados frente a ella, ejerciendo en la etapa investigatoria de los procedimientos, las atribuciones y facultades que le confiere la Ley Concursal, así como el Título I del Decreto Legislativo N° 807.

Cabe mencionar que, en concordancia con lo señalado en la Ley Concursal, la Secretaría Técnica reconocerá sin más trámite los créditos de origen comercial, siempre y cuando exista coincidencia entre lo solicitado por el acreedor y lo declarado por el deudor. Solo en caso que no hubiera conciliación o se advirtiera cualquiera de las conductas previstas en el citado precedente, corresponderá que la Comisión se pronuncie.

¿CUÁL ES LA LABOR QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE ORIGEN PREVISIONAL?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, las liquidaciones para cobranza son los instrumentos mediante los cuales se determinan las obligaciones pendientes de pago que mantiene un empleador frente a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones, a las cuales se les ha otorgado el carácter de título ejecutivo.
En los procedimientos concursales, la Ley atribuye el carácter de declaración jurada a este tipo de documentos. En ese sentido, las liquidaciones para cobranza tienen un carácter de verosimilitud respecto de los créditos contenidos en ellas.

De esta manera, cuando las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones presenten liquidaciones para cobranza emitidas en función de las remuneraciones reales de los trabajadores, las comisiones reconocerán los créditos contenidos en las mismas por el solo mérito de su presentación, siempre que cumplan con los requisitos y formalidades legales necesarios para tener mérito ejecutivo y estén debidamente suscritas por funcionario autorizado para tal fin, en quien recaerá la responsabilidad sobre la veracidad de la información contenida en ellas.

No obstante, si bien las liquidaciones para cobranza tienen mérito ejecutivo, no procederá reconocer los créditos invocados por la Administradora Privada de Fondos de Pensiones cuando éstos se sustenten en liquidaciones para cobranza emitidas tomando como base de cálculo la remuneración asegurable máxima del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Las liquidaciones para cobranza elaboradas sobre la base de esa mayor remuneración tienen un objetivo específico y corresponden al procedimiento administrativo que siguen tales entidades para el cobro de los aportes impagos, distinto de los procedimientos concursales y sus objetivos, en los que se debe determinar la composición real de la masa de acreedores.

Por este motivo, mediante Resolución N° 011-97-TDC de 17 de enero del 1997 modificada por Resolución N° 0100-2001/TDC-INDECOPI de 14 de febrero de 2001, se estableció el procedimiento que debe seguirse en el caso que una AFP solicite el reconocimiento de créditos derivados de aportes provisionales impagos, liquidados a partir de la máxima remuneración asegurable del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, pues de lo contrario éstos tendrían una participación manifiestamente excesiva e irreal, en perjuicio tanto del deudor como de los demás acreedores que sí presentaron un crédito cierto y por tanto verificable.

Este procedimiento es el siguiente:

a) Verificar que, además de presentar la liquidación para cobranza, la AFP haya declarado que en el historial provisional correspondiente no cuenta con información sobre la remuneración real.

b) Constatar si la información necesaria para determinar el monto real de los aportes provisionales impagos, o parte de ella, obra en alguno de los expedientes administrativos a su cargo, en cuyo caso la pondrá a disposición de la AFP para que ésta pueda reliquidar su acreencia.

c) En caso de no contar con toda o parte de la información relevante, en los expedientes a su cargo, deberá requerir a la empresa deudora la presentación de copia de las partes pertinentes del libro de planillas, de las boletas de pago o de cualquier otro documento en el que consten las remuneraciones de los trabajadores afiliados, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el Decreto Legislativo N° 807, en caso de no absolverse el requerimiento en el plazo otorgado.

d) Absuelto el requerimiento, remitir a la AFP copia de la documentación recibida, para que modifique su solicitud reliquidando la deuda provisional sobre la base de las remuneraciones reales, luego de lo cual se procederá al reconocimiento de los créditos a partir de la nueva liquidación presentada.

e) Si la AFP no cumple con reliquidar su crédito, sobre la base de la información en poder de la Comisión o de sus entidades delegadas, de la presentada por el deudor o el historial provisional, según sea el caso, en el plazo concedido por la Comisión para tal efecto, se declarará infundada la solicitud.

En el supuesto de que ni la AFP cuente con la información necesaria ni la Comisión o entidad delegada correspondiente pudiera determinar el monto de las remuneraciones, se deberá declarar infundada la solicitud.

Cabe destacar que, en concordancia con lo señalado en la Ley Concursal, la Secretaría Técnica reconocerá sin más trámite los créditos de origen provisional, siempre y cuando exista coincidencia entre lo solicitado por el acreedor y lo declarado por el deudor. Solo en caso no hubiera conciliación, la Comisión aplicará el referido precedente, el cual mantiene plena vigencia.

¿A QUIEN LE ES OPONIBLE EL PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA?

El artículo 2 del decreto Legislativo N° 856 precisa que el privilegio se extiende a quien sustituya total o parcialmente al empleador en el pago directo de las obligaciones laborales.

Si bien se ha generado algún nivel de interrogante la interpretación de la norma antes referida, la jurisprudencia concursal del INDECOPI ha interpretado que ésta debe ser entendida en el sentido de que el privilegio laboral se extenderá a favor del tercero que paga créditos laborales y que por efecto del pago sustituye al trabajador en sus derechos frente al empleador.

Al respecto, es importante tener en cuenta que en este caso se recogen las reglas del pago con subrogación del ordenamiento civil, según las cuales el tercero que paga una deuda sustituye al acreedor en sus derechos, a efectos de poder exigir al deudor una prestación igual a la satisfecha, gozando de las mismas garantías y privilegios establecidos a favor del crédito que él ha pagado. El objetivo de dicha norma es que ese tercero pueda recuperar el pago efectuado.

Sin embargo, como lo ha precisado también la jurisprudencia concursal, la norma bajo comentario no puede ser entendida en el sentido de que el trabajador podrá oponer el privilegio laboral de sus créditos incluso al tercero que se compromete voluntariamente a su pago, es decir a aquel que sustituye convencionalmente al empleador en la obligación de pago de dichos créditos y, por consiguiente, ingresa en el lado pasivo de la relación obligatoria, puesto que el privilegio laboral solo es oponible frente al empleador con el que se originaron los créditos, de modo que no puede ser opuesto a una persona distinta, porque ello abre la posibilidad de que en virtud de contratos de asunción de deuda, una empresa se obligue frente a trabajadores de otras empresas manteniendo el privilegio previsto para los créditos laborales y perjudicando en un supuesto concursal a sus propios acreedores, quienes verán reducidas las posibilidades de cobro de sus créditos.

¿QUÉ CRÉDITOS LABORALES TIENE EL PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA?

La naturaleza alimentaría del credito laboral y el marco en el cual se genera caracterizado por la dependencia y subordinación del trabajador frente a su empleador, constituyen los argumentos que fundamentan el privilegio laboral.

En el ámbito concursal se otorgan el primer orden de preferencia a los créditos laborales, calificando como tales los originados del pago de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, los créditos por aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o los regímenes provisionales administrados por la Oficina de Normalización Provisional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes provisionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran devengarse.

A su vez, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 856 define como créditos laborales las remuneraciones, CTS, indemnizaciones, aportes impagos al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y al Sistema Nacional de Pensiones.

De la lectura de las normas antes comentada se desprende que para que un crédito ostente el primer orden de preferencia en el pago, es decir, tenga una posición privilegiada frente a los otros acreedores del deudor concursado, no solo debe tener origen laboral, sino encontrarse dentro de aquellos mencionados en las normas en cuestión. Es decir, el crédito debe constituir remuneración o indemnización o provenir de alguna disposición legal que le otorgue la calidad de laboral.

Así tenemos que, dentro de la masa concursal, pueden existir créditos laborales con primer orden de preferencia – como por ejemplo, los originados en remuneraciones impagas, CTS y vacaciones no gozadas, etc – y también créditos laborales sin primer orden de preferencia, como por ejemplo aquellos pactados convencionalmente.

¿CUÁL ES LA LABOR QUE DEBERA SEGUIR LA AUTORIDAD CONCURSAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CREDITOS LABORALES?

Los créditos de origen laboral son aquellos que se derivan de remuneraciones, beneficios sociales, condiciones de trabajo y otras prestaciones de carácter laboral establecidas por convenio o ley.

En el procedimiento de reconocimiento de créditos de origen laboral resultan evidentes las dificultades que deben afrontar los trabajadores, toda vez que difícilmente pueden tener en su poder la documentación sustentatoria necesaria para obtener el reconocimiento de sus créditos. Así, cabe recordar que las planillas de sueldos y salarios, los controles de vacaciones, de asistencia, asi como los contratos de trabajo, las boletas de pago y los convenios colectivos siempre se encuentran en poder del empleador.

En atención a tales circunstancias, mediante Resolución N 088-97-TDC de 4 de abril de 1997, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI aprobó como precedente de observancia obligatoria, el procedimiento que debe desarrollar la autoridad concursal, cuando los trabajadores y extrabajadores de una empresa concursada soliciten el reconocimiento de los créditos de origen laboral. Este precedente consta de dos partes, las mismas que se citan a continuación:

"Precedente I: Cuando un acreedor laboral solicite el reconocimiento de sus créditos, las comisiones deberán:

a) verificar o exigir que la solicitud de reconocimiento de créditos se sustente con cualquiera de los siguientes documentos: a.1. Copia de cualquier titulo de ejecución de carácter laboral, como es el caso de las actas de conciliación judicial o extrajudicial, resoluciones administrativas firmes y laudos arbitrales que resuelven conflictos jurídicos, así como las actas de conciliación suscritas ante la autoridad administrativa de trabajo y las actas de conciliación extrajudicial debidamente homologadas; o de la sentencia que determina la existencia o cuantía de los créditos, en cuyo caso procederá el reconocimiento inmediato; a.2. Documento suscrito por el representante de la empresa deudora, donde conste el importe de los créditos cuyo reconocimiento se solicita, en cuyo caso procederá el reconocimiento inmediato; o, a.3. Documento de parte donde conste el importe de los créditos cuyo reconocimiento se solicita o autoliquidación detallada, debidamente suscrita por el trabajador, la misma que tendrá carácter de declaración jurada.

b) De presentarse la autoliquidación o determinación de los créditos a que se refiere el punto a.2 anterior, la Comisión deberá poner dicho documento en conocimiento de la empresa insolvente, a fin que en un plazo no mayor de tres días hábiles se pronuncie al respecto. El pronunciamiento podrá hacerse en los siguientes términos: b.1. Reconocimiento total o parcial de los créditos derivados de la autoliquidación, en cuyo caso podrá procederse al reconocimiento total o parcial, de manera inmediata; b.2. Silencio de la empresa insolvente, en cuyo caso podrá procederse al reconocimiento total e inmediato; o, b.3. Oposición total.

c) En caso del inciso b.1. precedente, si la empresa insolvente se opone parcialmente o en el caso del inciso b.3., se opone totalmente a los créditos contenidos en la autoliquidación, deberá presentar la documentación que sustente su oposición, es decir: c.1. Copia de las partes pertinentes del Libro de Planillas, las mismas que deberán encontrarse suscritas por el representante de la empresa insolvente; c.2. Una liquidación suscrita por el representante legal de la empresa insolvente; c.3. Copia de los convenios colectivos o individuales. Dicha información tendrá carácter corroborante de la información remunerativa precisa, contenida en los documentos de pago que acrediten el pago de salarios; y, c.4. Cualquier otra documentación que considere pertinente. Asimismo, la insolvente deberá presentar la documentación sustentatoria adicional que la Comisión le solicite.

d) En caso que la empresa insolvente se oponga a la autoliquidación elaborada por el acreedor laboral y presente la documentación sustentatoria de su oposición (relación de documentos señalados en el punto c), la Comisión deberá ponerlo en conocimiento de la otra parte y remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción Social, de estimarlo conveniente, la solicitud de reconocimiento de créditos, la autoliquidación y la documentación presentada por la empresa insolvente que sustenta su oposición, para que proceda a liquidar los créditos laborales con vista de los libros de planillas y demás libros contables.

e) La liquidación practicada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social será apreciada por la Comisión a fin de proceder o no a reconocer los créditos invocados".

Sin embargo, existen situaciones en las que, a causa de la vinculación existente entre acreedor y deudor, el procedimiento para el reconocimiento de créditos de origen laboral corre el riesgo de ser utilizado como un instrumento para incorporar a la Junta de Acreedores personas que no forman parte de la masa concursal o que, formando parte de la misma, presenten créditos superiores a los reales.

La segunda parte del precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala intenta resolver este tipo de situaciones:

"Precedente II: Se determinan aquellos supuestos de hecho en los cuales la Comisión se encuentra obligada a desarrollar un proceso de investigación mas riguroso que el detallado en el Precedente I de la presente resolución.

Atendiendo a que el procedimiento para el reconocimiento de créditos de origen laboral desarrollado en la presente resolución, podría dar lugar a que se pretenda incorporar a la Junta de Acreedores personas que no formen parte de la masa concursal o que formando parte de la misma presenten créditos superiores a los reales, la Comisión deberá evaluar e investigar con mayor cuidado y en forma detallada, aquellas solicitudes en las cuales existen elementos de juicio o indicios que creen duda respecto de la existencia de los créditos invocados.

Los elementos de juicio o indicios que crean duda respecto de la existencia de los créditos invocados, lo constituirán la cuantía de dichos créditos, la misma que no guardara relación con la del resto del personal u otras situaciones dudosas o sospechosas y, además, que la solicitud sea presentada por un trabajador o ex trabajador que sea o haya sido:

a) Personal de confianza de la empresa declarada insolvente;

b) Personal que mantuvo con los directivos de la empresa insolvente, algún vínculo adicional al laboral;

c) Accionista, director o gerente de la empresa insolvente; y, adicionalmente,

d) un trabajador cualquiera.

Tratándose de los supuestos previstos en los literales a, b y c, el simple reconocimiento de los créditos por parte de la empresa insolvente, no será suficiente para que la Comisión proceda a reconocer dichos créditos".

En tales casos, la Comisión debe evaluar e investigar con mayor cuidado y en forma detallada aquellas solicitudes respecto de las cuales existen elementos de juicio o indicios que hacen dudar de la existencia o cuantía de los créditos invocados. Ello podría ocurrir en el supuesto del personal que ocupa cargos de confianza, o de aquel que mantenga con los directivos de la empresa insolvente algún vinculo adicional al laboral, como por ejemplo los accionistas, directores o gerentes de la empresa insolvente, o un trabajador cualquiera que invocara el reconocimiento de créditos cuya cuantía no guardara relación con la del resto del personal, así como otro tipo de situaciones dudosas o sospechosas. En tales supuestos, la simple aceptación del crédito por la empresa insolvente o su silencio respecto del mismo, no serán suficientes para que la Comisión proceda a efectuar el reconocimiento.

Cabe destacar que, en concordancia con lo señalado en la Ley concursal, la Secretaria Técnica reconocerá sin mas tramite los créditos de origen laboral en caso que el propio deudor reconozca los créditos invocados por el trabajador o exista coincidencia entre lo solicitado por el acreedor y lo declarado por el deudor. Básicamente. Los créditos sustentados en los documentos referidos en los literales a.1 y a.2 del Precedente I serian reconocibles por la Secretaria Técnica.

Solo en caso que no hubiera conciliación o se tratase de créditos vinculados, corresponderá a la Comisión pronunciarse aplicando el precedente antes señalado, el cual mantiene plena vigencia.

BALANCE ANUAL: ACREEDORES LLEVAN A 412 EMPRESAS AL INDECOPI EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

El INDECOPI informo que 412 empresas fueron sometidas a un proceso concursal ante la Comision de Procedimientos Concursales (CCO) por tener problemas con su respectivo patrimonio, entre diciembre del 2008 y noviembre del 2009.

Preciso que de estas empresas sometidas a un proceso concursal, el 94.7% se originaron a solicitud de los acreedores y el 5.3% restante por un requerimiento de los deudores.

El INDECOPI detallo que en noviembre pasado se registro el ingreso de 47 expedientes para someter a empresas a procesos concursales, de los cuales tres fueron por petición del deudor y fue el nivel mas alto en lo que va del año, mientras que el nivel mas bajo se registro en mayo con 25 expedientes y abril con 27 expedientes.

El mayor numero de expedientes de procesos concursales presentados al INDECOPI fue en el 2000 (1,698).

En el 2007 se presentaron 376 expedientes y una cifra similar en el 2008, y en lo que va del año suman 382.

¿CÓMO SE DESIGNA AL REPRESENTANTE DE LOS CRÉDITOS LABORALES?

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Concursal el representante de los créditos laborales era designado siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución Ministerial N 148-99-TR de 7 de octubre de 1999. Sin embargo, la Octava Disposición Complementaria y Final de la nueva Ley estableció que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por Resolución Ministerial, debía establecer el nuevo procedimiento para elegir y designar a dicho representante.

Es así que el Ministerio de Trabajo, en cumplimiento de la referida disposición, ha emitido la Resolución Ministerial N 324-2002-TR de 22 de noviembre de 2002, que aprueba el nuevo reglamento de elección y designación de representantes de créditos laborales ante la Junta de Acreedores de deudores sometidos a procedimiento concursal.

Según el nuevo Reglamento para la elección de los representantes deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Participan en la elección todos los trabajadores de la empresa y los ex trabajadores que tengan la calidad de acreedores laborales de la misma.

b) Son elegidos dos representantes: un titular y un suplente.

c) Pueden solicitar la convocatoria para elegir al representante titular y suplente, la organización sindical registrada ante la autoridad administrativa de trabajo, cualquier acreedor laboral y la empresa.

d) Para la celebración de la reunión se requerirá en primera convocatoria, la concurrencia de acreedores laborales que representen por lo menos el 50% del total de trabajadores y ex trabajadores. En segunda convocatoria podrá instalarse la reunión con el numero de trabajadores y ex trabajadores asistentes.

e) La elección, conforme lo determine la asamblea, debe efectuarse o en forma individual o en lista de dos miembros, caso en el cual se deberá indicar quien postula al cargo de representante titular. Y quien de suplente.

f) La votación es nonimal, en forma individual, secreta y directa; los votantes deben acreditar su identidad y su calidad de acreedores laborales.

g) Producida la votación, será elegido como representante ante la Junta de Acreedores, el trabajador o ex trabajador que alcance mayoría simple, o la lista que hubiere alcanzado mayoría simple.

h) El candidato elegido como representante titular comunicara su elección a la autoridad administrativa de Trabajo del lugar donde se tramita, solicitando que se formalice su designación, lo cual deberá efectuarse en un plazo no mayor de cinco (5) días útiles computados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS LABORALES?

Las solicitudes de reconocimiento de créditos de origen laboral podrán ser presentadas en forma independiente por cada titular del crédito o por el representante laboral ante la Junta de Acreedores. Al respecto, la jurisprudencia Concursal del INDECOPI ha señalado en diversas oportunidades que las facultades de representación se rigen por el principio de literalidad, en cuya virtud el representante solo goza de las facultades expresamente señaladas en los documentos privados que hubiesen extendido los propios trabajadores, de modo tal que cuando el representante se excede de las facultades otorgadas, no obliga al representado sino a el mismo a titulo personal.

En ese sentido, para efectos del reconocimiento de créditos, no basta la sola designación del representante por la autoridad administrativa de trabajo sino, además, que los trabajadores confieran facultades a su representante para que los represente en el procedimiento de reconocimiento de créditos. La intervención del representante laboral opera mas bien de pleno derecho en las juntas de Acreedores.

¿QUÉ SIGNIFICA CONCILIAR CREDITOS?

Conciliar créditos significa el reconocimiento de créditos que efectúa la secretaria técnica ante la coincidencia de posiciones entre el acreedor o acreedores y el deudor. La Ley busca que acreedor y deudor lleguen a un pronto acuerdo respecto de los créditos, y que ese acuerdo sea validado por la secretaria técnica, a través de la respectiva resolución de reconocimiento de créditos. Con esta innovación, la Ley introduce un mecanismo que busca dotar de celeridad a los procedimientos de reconocimiento de créditos.

La conciliación de créditos procederá cuando exista coincidencia total entre lo solicitado por el acreedor y lo declarado por el deudor respecto a los créditos invocados. En dichos casos la secretaria técnica emitirá la resolución respectiva, reconociendo la totalidad de los créditos conciliados. Si alguna de las partes discrepa de alguno de los conceptos invocados (capital, intereses, gastos o prelación), la secretaria técnica deberá derivar la solicitud a la comisión a fin de que esta emita la resolución respectiva.

Teniendo en consideración que es requisito para solicitar el reconocimiento de créditos, la presentación de toda la documentación que acredite la existencia, origen, legitimidad y cuantía de los mismos, existe la posibilidad de que la comisión efectúe un control ex post de lo declarado por las partes, pudiendo inclusive declarar la nulidad del reconocimiento efectuado por la secretaria técnica, si este hubiera sido expedido sin cumplir con lo establecido en la Ley Concursal.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS CREDITOS TRIBUTARIOS DE PARTE DE LA AUTORIDAD CONCURSAL

Los créditos de origen tributario son aquellos que se derivan de órdenes de pago, resoluciones de multa, resoluciones de determinación, costas y gastos en que la Administración Tributaria ha incurrido por el inicio del procedimiento de cobranza respectivo y todos aquellos conceptos que constituyen deuda conforme al Código Tributario.

Una característica esencial de la deuda tributaria es que mientras la mayoría de obligaciones de una empresa concursada tiene su origen en una relación contractual voluntaria, existen otros acreedores cuya condición de tales no responde a la voluntad del deudor, como seria el caso del Estado en su condición de acreedor tributario.

En estos créditos, independientemente de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, hay supuestos en los que no se tiene otra prueba sobre su existencia que la determinación hecha por la propia autoridad tributaria, ya que, como dije antes, estos no se originan en la voluntad de los agentes del mercado, sino en el ejercicio de las facultades del imperio del Estado.

Esta situación origina en la practica que en gran parte de los casos las distintas entidades administradoras de tributos determinen sus créditos en forma unilateral, sin la participación de su deudor no sujetándose en algunos casos al monto exacto de la obligación, lo cual sucedería, por ejemplo, en aquellos casos en los que los créditos de origen tributario de determinan aplicando indebidamente una base presunta.

Ante dicha posibilidad, como parte de su función de generar mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica a las partes comprendidas en los procedimientos concursales, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI aprobó un precedente de observancia obligatoria mediante Resolución N° 072-96-TDC de 25 de octubre de 1996, por el cual estableció los siguientes criterios aplicables a los procedimientos de reconocimiento de créditos tributarios:

a) Con la solicitud de reconocimiento de créditos de origen tributario, es necesario que se presenten los instrumentos o documentos sustentatorios que acrediten el reconocimiento por el deudor o, en su caso, que hayan sido debidamente notificados al deudor tributario.

b) Si los créditos invocados por el acreedor tributario no han sido reconocidos por el deudor, la autoridad concursal deberá verificar que el plazo legal con que cuenta el deudor para impugnar dicho crédito ante la Administración Tributaria haya vencido.

c) No procederá el reconocimiento de los créditos de origen tributario cuando quede fehacientemente acreditado que dichos créditos se encuentran controvertidos en la vía administrativa. Si procederá el reconocimiento respecto de la parte de los créditos no controvertidos.

d) Procederá el reconocimiento de los créditos mencionados en el literal precedente cuando quede acreditado que la resolución de la Administración Tributaria o del Tribunal Administrativo, que resuelve la controversia, quedo consentida.

Sin embargo, cabe aclarar que mediante Resolución N° 021-97-TDC de 22 de enero de 1997, se modifico el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 072-96-TDC anteriormente citado, estableciéndose que: "Procederá el reconocimiento de los créditos controvertidos, cuando quede acreditado que la resolución de la administración tributaria ha quedado consentida o que el Tribunal Fiscal ha emitido pronunciamiento sobre la controversia sometida a su consideración".

De esta manera se tutelan no solo los legítimos derechos e intereses del deudor concursado, sino también los de sus acreedores, quienes podrían ver injustamente afectada su participación en la Junta correspondiente como consecuencia del reconocimiento de créditos de origen tributario determinados en forma errónea. Así, con la aplicación del precedente antes mencionado, se busca evitar que la participación de los acreedores en la Junta se vea distorsionada por el reconocimiento de créditos incorporados en resoluciones de la Administración Tributaria que no acreditan la existencia de los mismos.

Cabe destacar que, en concordancia con lo señalado en la Ley Concursal, la Secretaria Técnica reconocerá sin mas tramite los créditos de origen tributario, siempre y cuando exista coincidencia entre lo solicitado por el acreedor y lo declarado por el deudor. Solo en caso que no hubiera conciliación corresponderá a la Comisión pronunciarse aplicando los precedentes antes señalados, los cuales mantienen plena vigencia.

Los créditos controvertidos serán registrados por la Comisión como contingentes, siempre que dicha controversia este referida a su existencia, origen, legitimidad, cuantía o titularidad y el asunto controvertido solo pueda dilucidarse en el fuero respectivo (judicial, arbitral o administrativo), por ser competencia exclusiva de la autoridad a cargo.